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¿Por qué una Ley de Educación Ambiental?

El derecho a la Educación Ambiental (EA) se encuentra consagrado en la Constitución Nacional, en la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y en la Ley General del Ambiente N° 25.675. Si bien muchas provincias y municipios han avanzado con su propia legislación y programas en la materia, la existencia de una Ley Nacional que defina a la EA como política de Estado, establezca sus principios y otorgue las herramientas para una implementación articulada en todo el país, continúa siendo una deuda pendiente. A nivel internacional, la meta 4.7 de la Agenda 2030 señala el rumbo, reconociendo su rol crucial para la consecución de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible por su carácter transversal y naturaleza interdisciplinaria.
En el marco de la crisis social y ecológica actual, es más necesario que nunca que lxs ciudadanxs cuenten con una formación integral en ambiente y desarrollo sostenible.

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El bien común y la educación ambiental.

Días atrás recordé una escena de la película La guerra de las galaxias. En ella, miles de delegados planetarios intercambiaban ideas en una especie de Parlamento galáctico. “¿Cómo podrían ponerse de acuerdo? -pensé-, si en casa nos cuesta tanto, aún entre hermanos”.
Causa asombro y admiración imaginar siquiera el funcionamiento de un congreso interestelar, donde cada uno velaría por los intereses de su planeta, con su respectiva forma de gobierno (algunos más democráticos, otros más totalitarios), sus especies amenazadas, sus derechos conquistados -o pisados-, sus religiones, tradiciones, costumbres, gustos y un largo etcétera que incluye las características biológicas, geológicas, energéticas, espirituales y culturales de cada cuerpo celeste.
Desde que tenemos memoria, los seres humanos competimos entre individuos de la misma especie por comida, tierra, agua potable, dinero, amor, poder, religión…

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Nos llevamos tarea para el hogar.

Imaginemos un gran salón ocupado por 194 personas de distintas nacionalidades, etnias, culturas, religiones, filosofías, edades -entre otras diferencias-, cuya tarea es “ponerse de acuerdo sobre qué almorzarán al mediodía”.
La consigna, además, incluye las siguientes pautas: (1) solo pueden elegir un almuerzo en común para todos (léase: un solo acuerdo); (2) el mismo debe satisfacer todas las demandas y necesidades (hay carnívoros, vegetarianos, veganos, celíacos, intolerantes a lactosa, frugívoros, quisquillosos, indiferentes, famélicos, etc.); (3) ¿Quién paga la comida? ¿Los que poseen más recursos? ¿Los más pobres? ¿Los altruistas? ¿Todos? ¿Existen beneficios y/o incentivos por pagarla? ¿La solidaridad es un activo o puede jugar en contra?; (4) poseen 90 minutos para tomar una decisión, ya que la prensa y la comunidad global están esperando el resultado.
Bueno, para ponerlos en contexto, en las Conferencias de las Partes -alias COP- sucede algo similar, pero con una sutil diferencia: los representantes de casi todos

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